El presidente Juan Manuel Santos como hábil estadista debe seguir el ejemplo del alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, regulando la atención integral de los farmacodependientes a nivel nacional, asumiendo un enfoque integral de salud pública e incluyendo el tratamiento en el plan de atención obligatorio en salud.
Colombia puede exigir indemnización por la violencia, la inseguridad y la descomposición ética y social que ha padecido por la incapacidad de los estados desarrollados (EUA y UE) de atender a sus farmacodependientes, asumiendo exclusivamente una política represiva fuera de su territorio, persiguiendo el tráfico de estas substancias.
Una alternativa audaz puede consistir en crear una empresa publica que produzca estas substancias como monopolio rentístico del Estado (como el alcohol), que permita suministrar dosis de altos estándares de calidad bajo formula médica a los nacionales y extranjeros en tratamiento.
