10 días que estremecieron el uribismo

10 días que estremecieron al Uribismo

Por. Miguel Antonio Galvis.

En las filas del “Centro Democrático” empieza la preocupación por la imagen pública del expresidente, y las consecuencias que puede tener para su campaña al Senado. Les preocupa que les enrostren los comportamientos por fuera de la ley de sus colaboradores más cercanos en la Presidencia de la República.

En los últimos días del mes de agosto, han sufrido varios reveces, que van en contra de su propósito de conformar una fuerza parlamentaria que no sea considerada como una minoría política (superior al 10%), pues automáticamente le quitaría toda posibilidad a su candidato a la Presidencia de la República, y dejaría al expresidente como un senador más del montón. Los principales síntomas de una hecatombe de esa colectividad se pueden ver reflejados en las últimas dos semanas:

20 de agosto, la Procuraduría se suma al alegato de la Fiscalía General de la Nación, pidiendo sean condenados por cohecho, los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio, por el sonado caso de la Yidis Política, que adelanta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.  Una condena en este sentido, deslegitimaría la legalidad de la reelección del expresidente Álvaro Uribe en su segundo periodo. Llama la atención que sea la Procuraduría quien pida esa condena, porque no se puede argumentar que son sus enemigos políticos quienes conspiran en su contra. Ver noticia.

22 de agosto, el expresidente Andrés Pastrana, expresa que la reelección de Álvaro Uribe Vélez fue comprada, manifiesta que él fue el primero en denunciarlo cuando se compraron votos en el Congreso. Pastrana acusa al expresidente Álvaro Uribe de cambiar la constitución en beneficio propio. Hoy cuando la Corte Suprema de Justicia se apresta a juzgar a sus exministros, vale la pena abrir el debate sobre la legitimidad y la legalidad del comportamiento del expresidente y sus cercanos colaboradores. Ver noticia.

23 de agosto, la Fiscalía General de la Nación, aceptó al Representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda, como actor popular en el proceso que sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, por su participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la hacienda Guacharacas. Ver noticia.

28 de agosto, el Presidente Juan Manuel Santos, anuncia que se alistan preparativos para iniciar diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de la  liberación del contratista canadiense. Esta posición del gobierno nacional ratifica su apuesta por el logro de la paz por vía negociada. El expresidente Uribe le había pedido al gobierno levantarse de la mesa de la Habana. Ver noticia.

28 de agosto, la Corte Constitucional en su revisión previa de constitucionalidad sobre el Marco Jurídico para la Paz, avaló su constitucionalidad, lo que constituye un avance para el proceso de paz liderado por el Presidente Juan Manuel Santos, y un golpe para el proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ver noticia.

28 de Agosto, uno de sus precandidatos presidenciales, el ex–vicepresidente, Francisco Santos, en la ciudad de Bucaramanga, convoca una MARCHA DEL SILENCIO en el Parque San Pío de esa ciudad, y nadie le salió a su convocatoria, que pretendía rendir homenaje a los soldados y militares caídos por el conflicto armado. Al parecer esas convocatorias aparecen como oportunistas y simples actos de campaña electoral. Ver noticia.

29 de Agosto, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dicta orden de captura contra el exsenador, exgobernador de Antioquia y hoy precandidato presidencial por el Centro Democrático, por sus vínculos con los grupos paramilitares de Antioquia en 2002. Luis Alfredo Ramos se perfilaba como el mayor elector de los precandidatos impulsados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es una gran perdida y eso deteriora la imagen de esa campaña. Por los mismos hechos recientemente fue condenado el exsenador Oscar Suarez Mira, a 9 años de cárcel. Ver noticia.

30 de agosto, llega el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la ciudad de Popayán, y se produce una reacción espontánea de los estudiantes y los pobladores de la ciudad blanca, quienes bloquearon las calles con el propósito de impedirle al exmandatario llegar al paraninfo de la Universidad del Cauca, donde lo esperaban para presentar las ideas que desarrollará su candidato a la Presidencia. Los manifestantes coreaban consignas contra el mandatario a quien acusaban de tener vínculos con el paramilitarismo. Ver noticia.

Sin contar lo que pueda suceder en el mes de septiembre, octubre será muy desgastante para esta colectividad, ya que inicia el juicio en contra de Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por el famoso escándalo de las “Chuzadas”. El DAS dependía directamente del Palacio de Nariño y estaba bajo las órdenes directas del Presidente de la República. Los cargos contra Noguera son concierto para delinquir, abuso de autoridad y violación ilícita de comunicaciones. Ver noticia.

Los colombianos, recordamos por estos días, a la Dra. María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS y al psiquiatra y amigo personal del expresidente, Dr. Luis Carlos Restrepo, ex–consejero de paz, quienes se encuentran huyendo de la Justicia.

Muchos sectores de la opinión nacional nos preguntamos cuando asumirá la responsabilidad política por hechos al margen de la ley de sus más inmediatos colaboradores, al parecer el efecto teflón ya está en grave deterioro, cuánto tiempo más resistirá este noble polímero y la tolerancia de los colombianos.

* Analista, Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

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La llave de la unidad de minorías políticas

Por Miguel Antonio Galvis

Luego de conocerse que la Corte Constitucional, no diera trámite a la demanda interpuesta por el Senador CARLOS BAENA del Movimiento MIRA, en la cual se argumentaba que el aumento del umbral al 3% era inconstitucional, por ir en contravía del espíritu pluralista de la Constitución de 1991.

Luego de realizada la reunión programada por el Presidente del Congreso, JUAN FERNANDO CRISTO, con presencia del Ministro del Interior, FERNANDO CARRILLO, y los representantes de los partidos de las minorías políticas, con el propósito de presentar un proyecto de ley que permitiera las coaliciones para corporaciones públicas entre los partidos de las minorías políticas, que no logró despegar por la oposición abierta del Polo Democrático Alternativo, PDA.

Ya quedaron claras las reglas, con las cuales se deberá enfrentar el próximo debate electoral en el que los colombianos elegiremos Congreso y Presidencia de la República (2014-2018).

Lo primero que hay que distinguir es que existen tres escenarios que tienen lógicas y características diferentes en las elecciones de 2014, pero que están íntimamente interrelacionados.

El primer escenario, es la elección de Representantes a la Cámara, que obedecen a lógicas de acumulación de fuerzas regionales, muy ligadas a la presencia de estructuras políticas en los municipios y la existencia de diputados y concejales en ciudades capitales. Esa lógica no se aplica para Bogotá, Antioquia y Valle donde existe un voto de opinión importante que elige algunos representantes.

El segundo escenario, es la elección de Senadores, que requiere de personajes públicos con reconocimiento y aceptación nacional, que sean capaces de liderar un proyecto político que debe superar los 450.000 votos, obteniendo como mínimo 5 curules en el senado. De no superar el  umbral se pierde todo el esfuerzo.

El tercer escenario, es la campaña presidencial, que tiene por lo menos tres vueltas, porque las elecciones de Congreso, marcan el apoyo de los candidatos presidenciales, esta lección la sabe bien SERGIO FAJARDO, quien antes de las elecciones de Congreso de 2010 era el favorito en las encuestas, y luego de las elecciones tuvo que apoyar a ANTANAS MOCKUS.

En este análisis no haré referencia al Movimiento MIRA, porque han hecho alusión pública a que no establecerán alianzas con ninguna fuerza política. Por lo que espero que superen el umbral de Senado, pues en el 2.010 alcanzaron el 2.94% de la votación y su electorado es orgánico en gran medida.

El Polo Democrático Alternativo, no la tiene fácil, perdió la Alcaldía de Bogotá y buena parte de su estructura distrital, perdió tres senadores que hoy son del proyecto Progresistas liderado por GUSTAVO PETRO, expulsó a los congresistas que apoyaron las movilizaciones de Marcha Patriótica, es decir a los integrantes que militan en el Partido Comunista. Como si fuera poco, el Consejo de Estado revivió la personería de la Unión Patriótica que al único que le quita votos es a él. El polo corre el riesgo de tener el Senador más votado, JORGE ROBLEDO (250.000 votos) y no pasar el umbral de 450.000. Si entra al escenario electoral Marcha Patriótica también le quita votación. La permanencia del Polo en la escena política, estaría dependiendo de la presencia del Representante a la Cámara por Bogotá, IVÁN CEPEDA, en la lista a Senado.

Progresistas, como grupo significativo de ciudadanos, no tiene la posibilidad de obtener personería jurídica, requiere superar el umbral del 3% por senado o por la suma de las cámaras ordinarias o territoriales. Su capital electoral mayoritariamente se encuentra en Bogotá y se estima en una cifra cercana a los 250.000 votos.

Pero en cambio, este movimiento tiene la llave de la unidad de las minorías para Congreso y de paso puede consolidar su liderazgo en la tercería a la Presidencia de la República.

Progresistas tiene la votación que necesita la Alianza Social Independiente, ASI, para superar el  umbral por la sumatoria de todas las Cámaras Territoriales; y tiene la votación que le hace falta al Partido Verde para superar el umbral de Senado. Falta saber si están dispuestos a sacrificar la presentación de lista a la Cámara por Bogotá y al Senado bajo su rotulo.

La Alianza Social Independiente, tiene claro que en Senado va a defender su personería jurídica por la Circunscripción Especial Indígena, y que buscará superar el umbral de la sumatoria de todas las cámaras territoriales. El Partido Verde tiene que concentrar sus esfuerzos en superar el umbral de Senado, para ello deben subir los hoy representantes, a la lista de Senado y no llevaría cámaras pues apoyaría las de Progresistas con la ASI.

Este proyecto de unidad podría incluir la integración de una Bancada Única en el Congreso de la República, en procura de una fusión en el año 2015, creando un nuevo partido bajo unos principios claros, que aglutine a todos los sectores independientes, a los Progresistas, al Partido Verde y la ASI. Una propuesta con ese alcance, si podría motivar a participar a los profesores MOCKUS y FAJARDO. Esta unidad en las elecciones de Congreso, permitiría juntar un buen capital y aumentar las posibilidades de éxito de la tercería en las elecciones presidenciales en mayo de 2014.

Parodiando al Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien manifiesta tener en su bolsillo la llave de la Paz, se podría decir que ANTONIO NAVARRO WOLF tiene en su bolsillo la llave de la unidad de los independientes y el futuro de la tercería.

* Analista Político, Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

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¿Por qué revocar a Petro?

Por Miguel Antonio Galvis

Estoy convencido de que el sistema democrático republicano es la mejor y más eficiente forma de gobierno que la humanidad hasta ahora ha inventado. Sus límites están regidos por la división de poderes, el imperio y supremacía de la ley, la garantía de los derechos humanos, la soberanía popular, el predominio del interés general sobre el particular y la alternancia en el poder. Una democracia vigorosa es la que posibilita que diferentes opciones políticas, lleguen a ejercer el poder, impidiendo que una o pocas elites monopolicen su ejercicio, en detrimento del pluralismo y la diversidad existente en un país.

La historia de Bogotá muestra, que ante la imposibilidad de que los partidos tradicionales erradicaran sus prácticas clientelistas y corruptas, desde que un ex–rector de la Universidad Nacional llegó en 1995 al Palacio Liévano, fueron erradicados los partidos tradicionales de la administración distrital. Desde entonces los bogotanos hemos elegido a candidatos independientes del ejercicio tradicional del poder, la ciudadanía ha constituido un poder crítico y reflexivo, que ha venido contagiando a otras regiones de la geografía nacional, fenómeno en crecimiento que llegó a contar con 3.6 millones de votos en la anterior contienda presidencial con la fórmula: MOCKUS + FAJARDO.

Con el intento de revocatoria al alcalde Gustavo Petro, la “aristocracia bogotana” está enviando un mensaje a los electores independientes de la ciudad: la alternancia en el poder es viable siempre y cuando no toquen sus intereses y negocios privados. Para poder gobernar en paz, no pueden cambiar los proveedores que prestan los servicios públicos, no pueden crear o fortalecer empresas públicas, no se pueden crear subsidios o subvenciones, menos pensar en rebaja de tarifas o garantizar mínimos vitales, se deben mantener las megaobras que ya se negociaron, de lo contrario entrarán en santa cruzada para revocarles el mandato y desprestigiarlos por todos sus medios.

Con la argucia de garantizar la sostenibilidad de los intereses de la ciudad, defienden a ultranza a una elite empresarial vinculada al poder político, que históricamente se ha lucrado ilegalmente de los negocios de las administraciones públicas en Bogotá, flagelo también presente en los más de mil municipios del país. Los colombianos sabemos que no es posible garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de la población, sin extirpar el cáncer de la corrupción en las administraciones municipales y la distrital de Bogotá.

Lo paradójico, es que en el sindicato contra Gustavo Petro, se encuentra una clase política ilegitima, cuestionada y enredada en la corrupción, que se debeló con el carrusel de la contratación; un concejo distrital mayoritariamente compuesto por una legión de charlatanes y farsantes que hacen la política con el único interés de esquilmar a la ciudad y enriquecerse ilícitamente. Debo ser justo y reconocer que hoy en el concejo de la ciudad capital existe una minoría de concejales decentes, que sí se preocupan por los intereses de la ciudad, pero que no logran incidir y liderar a sus perversos compañeros en la corporación.

Los demócratas, que formamos en las filas de los partidos y movimientos denominados independientes y alternativos, que aspiramos a llegar al poder por la voluntad soberana del pueblo, saldremos en defensa de la alternancia en el poder político dentro de la ley, en defensa del pluralismo, por el respeto de la decisión soberana del pueblo en las urnas, saldremos a promover la ABSTENCIÓN como estrategia contra la corrupción y la politiquería, en el eventual proceso de revocatoria contra el alcalde Petro.

Será el momento para fortalecer la iniciativa que viene liderando el Senador Camilo Romero, para incluir en la Constitución Política la figura de REVOCATORIA DEL CONGRESO. Impulsaremos la figura de la silla vacía por corrupción, y la sanción a los partidos impidiéndoles que presenten en las siguientes elecciones, candidatos a las corporaciones o cargos de elección popular, cuando sus elegidos sean condenados por corrupción.

Para los que dicen, que a Petro hay que revocarlo porque no sabe gobernar, que no es un gerente, que no ha hecho nada en año y medio, les recuerdo un decálogo de razones por las que me abstendré de participar en la revocatoria:

1.  Creó la tarifa diferencial para el Transmilenio, rebajándola en $300 pesos en las horas valle.

2. Estableció el mínimo vital de agua, como derecho humano fundamental y gratuito para los habitantes de la ciudad de Bogotá.

3. Redujo los trancones con la reforma del Pico y Placa.

4. Redujo los homicidios, más que durante la administración de Antanas Mockus, a partir de la restricción de porte de armas de fuego con salvoconducto.

5. Creó una política pública de atención integral a los adictos de sustancias sicoactivas, dándole un tratamiento de salud pública.

6. Subió en un billón de pesos (de 2.3 a 3.3) el presupuesto de educación pública en el distrito. Con Petro Bogotá, también es la más educada.

7. Su gabinete es mayoritariamente de mujeres, superó la propuesta de la equidad de género y le ha dado participación a las minorías y al pluralismo.

8. Está intentando reducir las tarifas de servicios públicos, y recuperar para la ciudad la flota de equipos recolectores de residuos sólidos, que las empresas privadas se apropiaron ilegalmente y chantajearon a la administración distrital, con la complicidad del concejo, la clase política y los medios de comunicación.

9. En escaso año y medio, se han vacunado gratuitamente a 205.000 niñas contra el Papiloma Humano, vacuna que no está contemplada en el esquema gratuito de prevención de la salud a nivel nacional.

10. Está jugado con el apoyo al proceso de paz que impulsa el Presidente Juan Manuel Santos, así como con la reparación a las víctimas del conflicto armado interno que viven en la capital.

Alcalde Petro, con esos logros en año y medio (seguramente son muchos más), con el proceso de revocatoria lo que pretenden es distraerlo, impedirle que continúe gobernando, no caiga en la trampa, corrija lo que no funciona y siga adelante. Los que perdieron las elecciones, que reflexionen porqué el pueblo no los acompañó, usted ganó y tiene la confianza de la ciudad, que busquen otra excusa, menos que no sabe gobernar.

* Director Ejecutivo del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

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¿El gobierno de la paz y del recorte del pluralismo político?

Por Miguel Antonio Galvis*

Quienes nos consideramos demócratas y progresistas, aun sin hacer parte de la coalición de gobierno, hemos apoyado en diferentes momentos al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en particular cuando:

*      Reconoció la existencia del conflicto armado interno en nuestro país, pues siempre hemos creído en la salida negociada del conflicto colombiano.

*      Radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que reconoció la obligación de reparar a las víctimas del conflicto armado interno y llevar a cabo la restitución de las tierras despojadas por los violentos.

*    Conocimos que el gobierno había iniciado diálogos con  las FARC y que se instalaría una mesa de diálogo en la Habana.

*    Hoy cuando sabemos que han construido un acuerdo histórico sobre el primer punto de la agenda: El Desarrollo Agrario Integral y la reivindicación del campesinado como sector social excluido y marginado.

Con toda seguridad, lo seguiremos acompañando cuando se conozcan los acuerdos sobre el segundo punto “la participación política”; el tercer punto, sobre “el fin del conflicto”; el cuarto punto, sobre “solución al problema de las drogas ilícitas”; y el quinto punto, sobre “las víctimas”.

Finalmente, también acompañaremos con un apoyo decidido e incondicional el mecanismo de refrendación ciudadana que surja desde la mesa de la Habana y con el apoyo de todas las fuerzas vivas y la institucionalidad democrática; pues esta es nuestra obligación histórica, para con las actuales y futuras generaciones de colombianos y colombianas que por fin podrán vivir la construcción de una paz estable y duradera, durante las próximas décadas.

Esos logros, sin duda caracterizarán al del Presidente Santos, como el gobierno de la paz, que seguramente lo catapultarán en las páginas de la historia de Colombia con gran lustre y reconocimiento.

Así como hoy reconozco al César y a Dios lo que a cada uno le corresponde, es necesario decir que este gobierno puede pasar a la historia también, como el gobierno que eliminó el pluralismo político, recortó la democracia participativa, y no tuvo la voluntad política para garantizar los derechos de las minorías políticas y las minorías étnicas en las próximas elecciones de Congreso del 2.014.

Son tres los hechos puntuales que caracterizan el recorte democrático y afectan el pluralismo consagrado en la Constitución Política de 1991:

1.    El recorte a los derechos de los partidos de minorías étnicas, para presentar listas a esas circunscripciones especiales. Afectan a los partidos: Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y Alianza Social Independiente, ASI, con una trayectoria histórica importante en el escenario político colombiano.

2.    El incremento del umbral electoral del 2% al 3%, que pone en peligro de desaparecer a los partidos de las minorías políticas, entre ellos: Polo Democrático Alternativo, PDA, Movimiento MIRA y Partido Verde.

3.    La eliminación de la curul de minorías políticas en la Cámara de Representantes, para darle una nueva curul a los colombianos en el exterior. Soy partidario de incrementar el número de las curules a los colombianos en el exterior, pero no acosta de recortar los derechos de las minorías políticas.

Así las cosas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos puede resultar responsable del regreso al BIPARTIDISMO, principal condición de exclusión y generación de violencia insurgente en Colombia, hoy cuando se pretende terminar el conflicto.

Es contradictorio que por una parte se pretenda terminar el conflicto armado interno, y por otra se quiera volver a una de las situaciones que lo ha causado, porque fueron justamente la exclusión política y la hegemonía bipartidista las que motivaron los levantamientos en armas de la población en las décadas de los 50s, 60s y 70s.

Por otra parte, es paradójico el mensaje que se envía a la comunidad internacional y a la opinión pública, las reformas políticas en Colombia traen como consecuencia que los partidos que representan la transparencia, la renovación y el cambio de las costumbres políticas, son los que se encuentran hoy en riesgo de desaparecer. Mientras que los partidos responsables de los grandes saqueos a la administración pública y los partidos responsables de la parapolítica, sobrevivirán y se mantendrán incólumes. Puede decirse que la renovación política y la depuración de las prácticas clientelistas y corruptas va en la dirección equivocada.

Hoy cuando en la mesa de la Habana se inicia la discusión del tema de la participación política, sería conveniente conocer cuál es la posición del Gobierno y de las FARC sobre el pluralismo político, la existencia y el respeto a los derechos de las minorías, y su papel en la construcción de un acuerdo para una paz estable y duradera.

* Director Ejecutivo, Instituto de pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

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Acuerdos de La Habana y la coyuntura electoral

Por Miguel Antonio Galvis

Ahora cuando el Presidente Juan Manuel Santos ha planteado ante la opinión pública que quiere reelegirse junto con su política de paz, es necesario plantear que son muchos los desafíos y retos que deben superar los acuerdos de la Habana, para llegar a buen puerto y ser exitosos.

Según lo planteado en la mesa, los acuerdos deben ser refrendados por los colombianos a través de un mecanismo de participación ciudadana: referendo o consulta popular propone el gobierno, o una asamblea constituyente proponen las FARC.

Esto quiere decir, que existirá un momento donde los que le apostamos a la paz negociada debemos argumentar porqué los acuerdos son convenientes, promoviendo el SI; y los detractores del proceso de paz, también tendrán que hacerlo para promover el NO. Pero quien finalmente definirá será el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas, el constituyente primario. Eso está claro.

El contenido de estos acuerdos seguramente polarizarán al país, en ese proceso van a tener mucha incidencia los medios de comunicación, las iglesias, los gremios, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los intelectuales, la academia, los generadores de opinión, los congresistas, los gobernadores y los alcaldes, quienes optarán por el SI o por el NO.

El adelantar unas reformas constitucionales a través de un referendo, tiene su antecedente en el impulsado por el ex-presidente Uribe en el año 2003, cuando gozaba de su mayor popularidad y con todo su capital político, únicamente fue aprobada una pregunta, de las 15 que se sometieron a consideración del pueblo, al superar el umbral del 25% del censo electoral que para la época fue de 6.267.443 votos válidos.

Con ese telón de fondo, los acuerdos de la Habana no se pueden evaluar por cuánto gana o cuánto sede cada sector (Gobierno o FARC), se trata de generar un acuerdo que sea aceptable y coherente para la construcción de un proyecto de reconciliación nacional. Deben ser unos acuerdos que permitan iniciar el tránsito hacia la construcción de una paz estable y duradera, durante un periodo que permita la reincorporación de los insurgentes a la vida civil, que posibilite operar a una comisión de la verdad, la reparación de las víctimas y que garantice incorporar al mundo rural a la vida institucional, que permita que cicatricen las heridas de décadas de guerra. Los acuerdos de la Habana deben ser aceptables para una guerrilla que se desmoviliza, pero también para la población rural y la sociedad en general. También deben involucrar y entusiasmar a la institucionalidad democrática que adoleciendo de muchos defectos, pueden encontrar en ellos, una oportunidad para revitalizarse, ser más incluyente, legitima, equitativa, plural y democrática.

Acortar los tiempos y minimizar los riesgos

Lo ideal para adelantar este proceso de paz, sería que pudiera ser realizado sin que esté atravesado por la reelección del Presidente Juan Manuel Santos, y en medio de una campaña electoral de Congreso de la República, porque se corre el riesgo que los actores políticos actúen teniendo en cuenta sus personales e inmediatos intereses y no el interés general de la nación y la sociedad en el largo plazo.

Me pregunto si fuera posible, que ese referendo constitucional iniciara su trámite en el Congreso el próximo 20 de julio, que las preguntas concretas estén definidas en Septiembre y que la Corte Constitucional realice la revisión antes de terminar el año 2.013, con el propósito de consultar al pueblo en el mes de febrero de 2.014.

En ese referendo, se podría incluir una pregunta que planteara la prohibición de la reelección presidencial y a cambio la ampliación del periodo de 4 a 6 años para el Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, los diputados, los concejales y los ediles, hoy en ejercicio.

Esta fórmula, tiene un antecedente y es que el Presidente Santos planteó hace algunas semanas que le jugaba a la ampliación del periodo a 6 años, y renunciaba a la reelección. Luego rectificó su posición al analizar que esa figura se tramitaría por vía Congreso (acto legislativo) y los tiempos no daban.

Con esta fórmula, que podría salir de los acuerdos de la Habana y consultada al pueblo soberano; tendríamos un nuevo Congreso y nuevo Presidente de la República en el 2.016.  Ganando 2 años para materializar algunas reformas legales en un Congreso que no tiene en su interior, partidos políticos que obren abiertamente en contra del proceso de paz.

Se podría ampliar el actual Congreso con un número de Congresistas por Circunscripción Especial de Paz, para tramitar una agenda claramente delimitada en los acuerdos.

En la coyuntura actual, no hay garantías para la permanencia de las minorías políticas, las minorías étnicas y el pluralismo democrático. Se corre el riesgo de premiar a los sectores que se han aprovechado indebidamente de los recursos del Estado a partir de la corrupción, las alianzas perversas con contratistas e ilegales, así como del clientelismo; y en cambio se pueden sacrificar a los sectores políticos que han acogido las reglas de juego limpio, del no todo vale, de la transparencia y la política desde las ideas y las propuestas.

Finalmente creo que podría plantearse que luego de cumplidos los acuerdos (por ejemplo en 12 años), como un acto de reconciliación y de construcción de un proyecto de unidad nacional, podría acordarse desde ahora la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como un punto de llegada de los acuerdos de la Habana.

* Director ejecutivo Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

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